Papel de Arbol

viernes, 23 de junio de 2017

Esclavitud, desigualdad y delito

El Banco Interamericano de Desarrollo viene impulsando investigaciones en las areas de ciencias sociales, un espacio urgente en la  educación tan abandonada en la Región.

Jorge Zavaleta, El Mercurio, Washington DC.
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En 1851, dos años antes de la abolición oficial de la esclavitud en Nueva Granada (hoy día, Colombia), las autoridades del lugar hicieron un censo que se convertiría en la imagen más clara de la economía de la esclavitud en el Siglo XIX. Fue una instantánea de plantaciones de azúcar, algodón y tabaco, minas de oro y numerosos esclavos. Ese censo, en un testimonio de los prolongados efectos de la esclavitud, no solo presenta actualmente un mapa a grandes rasgos de la desigualdad en Colombia en el Siglo XXI, sino que además esclarece un acalorado debate sobre la relación entre desigualdad y delincuencia.
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad del mundo, y ocupa el 143er lugar entre 154 países, según los Indicadores del Desarrollo Mundial de 2013. Es además uno de los países con más violencia del mundo, y ocupa el 180mo lugar entre 190 países en términos del índice de homicidios, según un informe de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Parecería que hay una relación entre esas dos realidades.
Pero demostrar que la desigualdad causa delincuencia es sumamente difícil. La desigualdad, como demostró el académico Gary Becker, puede hacer aumentar los incentivos que pueden llevar a personas de bajos ingresos a robar a los más acomodados, especialmente donde impere la impunidad y sean relativamente escasas las probabilidades de ser atrapado. Como han observado otros académicos, la desigualdad también puede hacer aumentar el crimen violento, a medida que la “tensión social”‒el sentido de injusticia y el resentimiento entre los pobres‒ va desarticulando y debilitando los lazos que por lo demás contribuyen a mantener la paz.
Al mismo tiempo, ciertos factores sociales y políticos inciden tanto en la desigualdad como en la delincuencia. Instituciones gubernamentales débiles, poco meritocráticas, captadas y controladas por las elites, y corruptas, por ejemplo, tienden a perpetuar la desigualdad. Pero también dan lugar a cuerpos policiales poco eficaces y sistemas judiciales que facilitan aún más la comisión de delitos. Desenmarañar estos factores es vital para determinar si la desigualdad y la criminalidad simplemente coexisten o mantienen una relación de causalidad: es decir, si la desigualdad efectivamente causa la criminalidad.
Es en este punto donde entra el censo de 1851. En gran parte de la obra publicada sobre Economía, de Estados Unidos y de otras partes del mundo, se entiende que la esclavitud explica en parte las desigualdades que existen hoy día. Ellas se remontan a la relación más desigual de todas: la de amo y esclavo. Se perpetúan de generación en generación, cuando esclavos recién emancipados y sus descendientes luchan para adquirir tierra, formación y empleo. En Colombia, ese legado explica mucho: la concentración de tierras y la desigualdad son mayores en aquellos municipios del país donde hubo el mayor número de esclavos trabajando en las plantaciones o en las minas de oro en 1851.
El censo de 1851 actúa entonces como una especie de mapa de la desigualdad actual. Y es el motivo de que los investigadores Juan Vargas y Paolo Buonanno lo usen en un estudio para el BID en el que analizan cómo se correlacionan los registros de la esclavitud con el hurto de vehículos y el homicidio. Los autores revisaron las estadísticas oficiales de delincuencia durante el período 2005-2007. Hicieron los ajustes correspondientes por densidad poblacional, proporción de hombres jóvenes, nivel promedio de formación y otros varios factores, incluido el origen étnico, que se han usado para explicar la criminalidad. En ese proceso descubrieron la existencia de una relación muy estrecha entre los municipios con altos niveles de tenencia de esclavos durante el Siglo XIX y la actividad delictiva. De hecho, los municipios con las mayores cantidades de esclavos en 1851 ‒y por lo tanto altos índices de desigualdad hoy día‒, registraron de ocho a 10 veces más homicidios y ocho veces más hurtos de vehículos que los municipios con los números más bajos de esclavos.
Últimamente los gobiernos se han venido esforzando por formular políticas capaces de combatir mejor la delincuencia. Han probado con una mayor presencia policial en zonas álgidas, donde la policía concentra recursos en zonas con altos índices delictivos; dándole una mayor participación a la comunidad en la labor de prevención, es decir, estrechando las relaciones entre la policía y las comunidades locales, y otras estrategias. Pero si la desigualdad causa criminalidad, como sugiere el estudio de Vargas y Buonanno, quizás ninguna de esas iniciativas sirva si no se combate la desigualdad por la raíz. Claro que los programas para padres, una mejor formación y capacitación laboral, enfoques que se abordan en nuestra publicación insignia, Aprender mejor: Políticas públicas para desarrollar aptitudes, a ser publicado próximamente, son todos piezas de este rompecabezas. Otra pieza clave es una reforma de las instituciones gubernamentales que impida que las elites se apropien de la riqueza y las oportunidades. Después de todo, la lucha contra la desigualdad es uno de los retos más complejos y esquivos del desarrollo. Sin ella, sugieren los autores, toda esperanza de mantener segura a la ciudadana también puede resultar efímera.
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The Author

Steven Ambrus

Steven Ambrus trabajó como corresponsal de los medios masivos de comunicación de Estados Unidos y de Europa durante dos décadas en América Latina cubriendo política, educación, medio ambiente y otros temas. El trabaja actualmente en la unidad de comunicaciones y publicaciones del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

LO ESENCIAL NO PUEDE SER INVISIBLE A LOS OJOS


Pobreza e infancia en América Latina, lo esencial no puede ser invisible a los ojos

Copyright © 2017. Banco Interamericano de Desarrollo. Si deseas republicar el artículo, por favor solicita autorización a sph-communication@iadb.org.
Por Alberto Minujin, Verónica Bagnoli, Raúl Mercer.
Más de 70 millones de niños y niñas viven en situación de pobreza. Esto es más del 40% de la infancia latinoamericana, de la cual el 16.3% vive en extrema pobreza.  La pobreza extrema es el determinante social que más influye sobre la salud y la calidad de vida de las personas a nivel global.
En esta ocasión, nos gustaría contribuir al debate y análisis con una nueva publicación. El objetivo es tener un mayor conocimiento de la pobreza y las inequidades en la niñez, así como posibles modos y alternativas de su abordaje en el con­texto de América Latina.
La publicación “Lo esencial no puede ser invisible a los ojos: Pobreza e infancia en América Latina” (en inglés, Tackling Child Poverty in Latin America: Rights and Social Protection in Unequal Societieses producto del trabajo de investigadores de 14 países que hacen una evaluación crítica y comparativa del estado del conocimiento y las políticas públicas con impacto en la prevención y erradicación de la pobreza y la inequidad infantil.
En el desarrollo de la investigación se consideraron los siguientes puntos de referencia:
1. La infancia, adolescencia y la justicia social: las cuestiones de justicia tienen que ver con las di­mensiones de la distribución (económica), del reconocimiento (cultural) y de la representación (política). Todas estas dimensiones de la justicia son relevantes en relación con la infancia y en particular con la infancia en situación de pobreza. La injusta distribución de recursos está claramente presente en las carencias materiales que sufre la infancia pobre.
2. La ciudadanía social y la infancia: la justicia social, y con ella la igualdad entre las y los ciudadanos, cons­tituye un ideal político de las sociedades democráticas. Dicha igualdad no puede reducirse sólo a enunciados formales en Constituciones, normas ju­rídicas y documentos de política pública; por el contrario, debe materiali­zarse en el nivel de bienestar y el ejercicio de libertades fundamentales de la población, particularmente de la población de niños y niñas, los más afectados por la pobreza.
3. La pobreza infantil y la desigualdadla publicación interpela a los decisores y a la sociedad en general sobre la necesidad impostergable de poner la reducción de la pobreza infantil e inequidad como un punto central de sus agendas. Esto en base al uso de aproximaciones metodológicas adecuadas para la medición de la pobreza infantil, las claras evidencias del impacto de la po­breza en la infancia y las sugerencias de políticas presentadas.
4. Las políticas sociales: los niños y niñas de los sectores más excluidos crecen como “ciudada­nos de segunda”, sin derecho a tener derechos y con una conciencia clara del lugar de subordinación que ocupan en la sociedad. La territorialización de los procesos de segregación social exi­ge considerar procesos relacionales y estructurales difíciles de transformar. Las propias modalidades institucionales de los sistemas de protección, de cuidado y de acceso a derechos de niños, niñas y adolescentes, pueden in­visibilizar procesos arraigados de exclusión institucional.
5. El contexto latinoamericano: el tema de niñez, incluida la primera infancia, ha ganado posicionamiento en la agenda pública de los países, sin embargo, el mejoramiento de los indicadores no ha sido el sufi­ciente como para la disminución de la injusticia y la desigualdad social en los niveles esperados.
En su conjunto, el presente material brinda una serie de experiencias que son el resultado de investigaciones realizadas en la Región que tienen como fin caracterizar a la infancia en condición de pobreza como un colectivo social con identidad propia y no subsumido o invisibilizado dentro de otras categorías o poblaciones. El debate metodológico atiende a reafirmar a la pobreza en la infancia como un constructo multidimensional que requiere de formas de lecturas que permitan interpretar realidades complejas. Los contextos involucran a un sinnúmero de actores sociales entre los cuales las familias y las instituciones ocupan un rol destacado. Del mismo modo, la importancia de las políticas de cuidado asume espacio significativo atendiendo a su vinculación con las políticas de protección integral.
En definitiva, América Latina está realizando un tránsito pausado y sostenido hacia la consolidación de sus sistemas democráticos basados en el respeto a la cultura de derechos. En este contexto, los niños o niñas constituyen el punto de inflexión a partir de generar condiciones dignas de vida para toda la niñez de la región sin ningún tipo de exclusión ni discriminación.
¿Qué situaciones enfrenta la niñez de tu país? Cuéntanos en la sección de comentarios o mencionando a @BIDgente en Twitter.
Alberto Minujin – Equity for Children – The New School.
Verónica Bagnoli – Equidad para la Infancia- América Latina.
Raúl Mercer – FLACSO, Argentina.

6 000 000 de latinos en los EEUU perderían su seguro de salud

Seis millones de latinos perderían su seguro de salud si se elimina el “Obamacare”, informa el Diario Nueva York. El plan de los republicanos incluye fuertes recortes al programa Medicaid para personas de bajos ingresos

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Seis millones de latinos perderían su seguro de salud si se elimina el “Obamacare”
Se estima que más de un millón de niños hispanos quedarían sin cobertura

Expertos en sanidad advirtieron hoy que más de seis millones de latinos podrían quedar sin cobertura médica debido a la derogación de “Obamacare”, una decisión que reducirá la asistencia financiera para el acceso sanitario, revertirá el Medicaid y aportará inestabilidad al mercado.
“La derogación total de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) podría tener un impacto masivo en la cobertura médica de la población y en las economías locales”, apuntó el vicepresidente de la Federación de Hospitales Estadounidenses (FAH), Daniel Waldmann, en el marco de la 34ª Conferencia Anual de NALEO, que se celebra estos días en Dallas (Texas).
El proyecto de ley sanitaria divulgado este jueves por el liderazgo republicano del Senado elimina la mayoría de los impuestos y mandatos de la reforma sanitaria de Barack Obama, entre ellos la obligatoriedad de adquirir cobertura médica.
El plan de los republicanos del Senado incluye fuertes recortes al programa Medicaid (para personas de bajos ingresos) y da a los estados flexibilidad para dejar de ofrecer coberturas garantizadas por Obamacare, como la maternidad o tratamientos relacionados con la salud mental.
Según datos que maneja la FAH, hasta treinta millones de personas en toda la nación se quedarán sin cobertura sanitaria, incluyendo más de un millón de niños hispanos.
Mientras que bajo Obamacare la tasa de latinos sin cobertura médica decreció diez puntos porcentuales desde 2013 al 2016, con las nuevas directrices de la Administración Trump se prevé que estas ganancias de los últimos años se pierdan y se incremente el número de hispanos desprotegidos en Estados Unidos.
Para Elizabeth Wright, directora del Centro de Política Pública para niños y familias de la Universidad de Georgetown, en Washington, la Ley Estadounidense de Cuidado de Salud, como se conoce la propuesta del presidente Donald Trump, acaba con más de cincuenta años de una relación “exitosa” entre el Gobierno federal y los estados gracias a Medicaid.
Además, la experta lamentó que la nueva medida ponga trabas al acceso sanitario a miles de niños que pertenecen a familias de ingresos bajos.

Otra de las cuestiones que preocupan al sector hospitalario será el “significativo impacto” que tendrá en los empleos relacionados con el cuidado de la salud.
Según datos de la Commonwealth Fund, fundación privada dedicada a promover un mejor sistema de salud, cerca de un millón de puestos de trabajo del sector sanitario habrán desaparecido en 2026 por culpa de la nueva normativa.
“Los datos hablan por sí solos”, añadió Waldmann, de la Federación de Hospitales Estadounidenses.
La directora ejecutiva de la Asociación de Planes de Salud de Texas, Jamie Dudensing, también presente en el panel, recordó que estos planes necesitan “consistencia y estabilidad”, dos propiedades que, dijo, “no existen” en el actual mercado.
Por eso, pidió “más flexibilidad y claridad” en la legislación que están preparando los republicanos del Senado federal.
El proyecto ha estado envuelto en polémica porque se redactó en secreto durante semanas por un pequeño grupo de 13 legisladores capitaneados por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y ha suscitado dudas y divisiones en el propio partido conservador, que quiere aprobarlo antes de que acabe el mes.
Trump ha depositado muchas esperanzas en el plan del Senado, dado que la semana pasada aseguró que el proyecto aprobado en la Cámara Baja es “mezquino”, después de celebrar su aprobación en mayo por todo lo alto en una ceremonia en la Casa Blanca.

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