Papel de Arbol

domingo, 31 de julio de 2016

Golpe a la Libertad de Prensa en Chile:



Judicializan periodista de HispanTV 
por Andrés Figueroa Cornejo / 31-07-2016

El comunicador social Leonel Retamal fue detenido por la policía arbitrariamente el 28 de julio y al día siguiente fue formalizado judicialmente. ¿Objetivo? Amedrentar a la prensa independiente que existe en el país y agredir al periodismo que disiente de los intereses del poder. Que nadie sepa, que nadie hable, que nadie se mueva.

El 28 de julio, en medio de una protesta de estudiantes de secundaria por los incumplimientos de la administración de la Nueva Mayoría sobre materias educacionales, las Fuerzas Especiales de Carabineros (policía-militar) de la 19º comisaría de la comuna de Providencia se encargaron de la represión contra las y los jóvenes, y en un nuevo atentado sobre los derechos fundamentales de las personas, detuvieron al periodista y corresponsal de HispanTV en Chile, Leonel Retamal, en pleno cumplimiento de sus funciones profesionales.

Entre los varios uniformados que metían en un carro blindado a un estudiante “por sospecha” (1), se encontraba el capitán Nelson Bersezio Toro quien de manera particular se ensañó contra el periodista Leonel Retamal mientras el profesional cubría el arresto del joven. En una nueva violación de la libertad de prensa e información en Chile, el comunicador social fue detenido también. 

La situación ocurrió entre un forcejeo de un contingente de policías bien adiestrados y apertrechados para reprimir gente, y un comunicador social sin más poderes que sus credenciales de la Secretaría General de Gobierno y del Colegio de Periodistas que lo identifican como profesional de la prensa. 

Como es recurrente, la coacción blindada del Estado hizo caso omiso de su propia legislación. La violencia del orden es el orden de las cosas. Y el orden de las cosas es la expresión de la opresión organizada institucionalmente desde arriba contra todo disenso por abajo.

Al día siguiente, en los Tribunales de Justicia, el periodista Leonel Retamal fue formalizado, según la fiscal, porque en medio del incidente el comunicador habría golpeado al capitán Nelson Bersezio “tres veces en el pecho, no provocándole lesiones a él, pero si resultó dañado el fijador de la cámara GoPro que ‘la víctima’ llevaba en su pecho”. Los supuestos golpes propinados por el comunicador al policía militar habrían sido con el monopie que portaba y que sirve para sostener la cámara periodística de su compañero que estaba en otro sitio en ese momento. 

En el relato absurdo y pobre, la fiscal aseguró que el uniformado avaluó por cuenta propia los daños al fijador de la cámara en $30 mil pesos (USD46). Y para la acusación contra Leonel Retamal no hay más testimonio ni testigo que el del propio capitán Bersezio. Finalmente la jueza del tribunal, Ely Cecilia Rothfeld,  acató la investigación de los hechos solicitada por la fiscalía, con un plazo de 30 días para la entrega de pruebas. Al menos permitió la libertad del periodista durante ese mes. Menos de media hora duró el acto judicial.
 
“Lo que yo veo aquí es un ataque artero a la libertad de prensa”
 
Fuera de la sala, Leonel Retamal informó que “recién me acabo de enterar de los cargos por los que fui detenido y ahora formalizado. Durante las cientos de manifestaciones que he cubierto con el equipo de HispanTV, jamás me había pasado algo así”, y añadió que “espero que en el juicio se pruebe lo inverosímil de la acusación. Lo que yo veo aquí es un ataque artero a la libertad de prensa. Lo cierto es que carabineros impide el trabajo de la prensa de mil formas.”

Por su parte, la Presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, manifestó su apoyo al reportero y criticó el accionar de Carabineros. “Nos parece gravísimo, preocupante y atentatorio contra un derecho pilar de toda democracia, como es la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía, que se proceda a una detención violenta y se juzgue a un periodista que estaba ejerciendo su trabajo” y agregó que “Cuando un trabajador de las comunicaciones ve que se vulnera su integridad física, evidentemente intentará defenderse. No debería ocurrir eso, no es comprensible que en una democracia los comunicadores tengamos que defendernos para realizar nuestro trabajo. Estamos desarrollando un quehacer que es necesario para el sistema democrático, informar sobre las manifestaciones de la ciudadanía, ¿y qué recibimos? Represión del Estado”.

Consultado por las fotos que enseñó la fiscal con el fin de inculpar a Leonel Retamal, su abogado defensor, Rodrigo Román, afirmó “que la foto mostrada por la fiscalía es el congelamiento de un video. Lo que se me viene a la cabeza es que conforme a lo que señala la RAE, un montaje es una apariencia de algo que se cree que es. Si de un video uno hace una captura de imagen podría parecer que Leonel agredió a un policía, pero lo que hay acá es el relato falaz de un policía”.

Inmediatamente después del control de detención, organizaciones como el Colegio de Periodistas, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional, la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos de Chile, la Asociación de Reporteros Independientes (ARI), la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) y la Corresponsalía de HispanTV en Chile acudieron a La Moneda a entregar una carta dirigida al ministro Marcelo Díaz, donde manifestaron su rechazo a la detención de Retamal y solicitaron un pronunciamiento del gobierno por los reiterados hechos de hostigamiento a los trabajadores de la comunicación. Asimismo, indicaron que no se descarta acudir a tribunales u organismos internacionales que puedan intervenir en esta situación.

Foto: Leonel Retamal 
Notas
Fuente Mapocohopress

Un cambio de piel para Perú por Jorge Zavaleta:Cambio16 de Madrid



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La oportunidad de construir en el Perú un nuevo orden democrático, después de casi dos siglos de vida republicana, debería empezar esta semana, si el gobierno del presidente Pedro Pablo Kucynsky cumple fielmente su programa anunciado durante su campaña y ratificado en el Congreso, después de su juramentación constitucional. Hijo de un médico que laboró en las zonas más alejadas de Lima, como Iquitos, la capital de la Amazonía, anunció puntos esenciales: agua para todos, educación de alta calidad, salud pública para todos, la formalización de un 60% de la actividad laboral y la invitación al inversionista extranjero previo cumplimiento de las normas ambientales.
Enfatizó que este sueño será posible si cuenta con el apoyo de las instituciones y de la ciudadanía en general. Y su objetivo es alcanzar las metas el 2021, año del Bicentenario de la Independencia Nacional. Una de ellas es el ingreso a la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico–, organismo de cooperación internacional compuesto por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales, con sede en París. Cuando el PPK, el partido de Kucynsky, pide respaldo de la ciudadanía se dirige al poder legislativo, dominado por el partido del expresidente Alberto Fujimori, preso por violación de derechos humanos y corrupción, pero con 67 de un total de 120 parlamentarios.
Como respuesta a su programa, un centenar de organizaciones que estudia permanentemente la realidad latinoamericana, como Oxfam y Bien Común, en su décimo Informe 2010-2016 propone la necesidad de atención prioritaria a la gestión de las tierras comunales por sus comunidades, incidiendo sobre la pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú”. Las tierras comunales tienen vigencia en todas las regiones del mundo. Pero en Perú todos los líderes de opinión cuestionan que el Estado moderno deba incidir en las políticas de parcelación e individualización de los esfuerzos económicos y la vida social de los pueblos indígenas.
No hay verdadero desarrollo sin inclusión social, una adecuada política de redistribución y una política de Estado con el norte apuntando claramente en dirección del bien común”. El informe incluye el pensamiento de distinguidos investigadores sobre la codicia por la Amazonía, el “boom” agroexportador, el abandono de la pequeña agricultura y el lado oscuro de un “milagro” económico.
La aritmética del poder en las regiones
Al hablar de un nuevo equilibrio, se le plantea al Gran Kambio del flamante jefe de Estado que más allá de lo económico se espera cambios que logren un balance entre el Estado y el mercado. “No existe hoy ninguna posibilidad de que un ciudadano pueda encontrar solución o respuesta clara en torno a un reclamo frente a una empresa internacional y peor aún si está alimentada por la cotidiana informalidad”.
Otro análisis relacionado con el futuro económico de la selva, que ha pasado de ser insignificante a esencial en el país, lo ofrece el científico Marc J. Dourojeanni. Varios proyectos en marcha escarapelan cualquier vaticinio positivo sobre los efectos futuros si no se toman en cuenta la consulta a las poblaciones “para conceder tres cuartas partes de la selva a empresas petroleras”.
La explotación del gas de Camisea, del petróleo, oro y otros minerales y el potencial hidro energéticoconstituyen un gran atractivo para inversionistas poderosos, proyectos que se complican con los cultivos ilícitos, la “narcoguerrilla” instalada en los valles de ceja de selva, donde su población sufre el quebranto de Salud Mental y la inexistencia de servicios, en tanto el ”narcoterrorismo” y el andamiaje de un narcoestado acerca al Perú a lo que sucedió en México y otras rutas de la violencia.
La asimetría del “modelo”, según el economista Francisco Durand, muestra a la frágil pequeña agricultura que abastece a la mayor parte de la población. Pero que en los últimos 15 años no ha tenido el mínimo apoyo del presupuesto público en tanto han resurgido los latifundios que a través de oligopolios imponen precios a los pequeños productores, que son el grueso de la pobreza rural y cuya propiedad comunitaria está en riesgo de desaparecer o quedar debilitada como nunca antes.
En el otro extremo están diez grupos económicos que concentran más de 198.000 hectáreas productivas, entre los cuales destacan los Rodríguez, los Wong, los Perales Huancaruna y los Oviedo. El capital extranjero está conducido por Camposol, integrado por el grupo Dayer y capitales noruegos, el grupo colombiano Manuelita y el norteamericano Maple. El promedio es de casi 19,682 hectáreas por grupo económico.
Tampoco se debe ignorar la deuda social pendiente de aquellos latifundistas que trataron a los campesinos con atroces métodos de explotación. Basta revisar la historia de las haciendas de La Libertad, Sunchubamba, por ejemplo, donde arrancar los lóbulos de las orejas a los campesinos fue una práctica permanente.
La agropexportación presenta cifras para el asombro, empezando por el régimen laboral que vuelve vulnerables a sus trabajadores, sin posibilidades de sindicalización. El régimen tributario fue ventajoso para los exportadores, al ser reducido a la mitad del sistema general, en tanto el pequeño agricultor es presa del abandono.
La repartición de la bonanza. En 2010, la carga tributaria impuesta a las mineras osciló entre 42% y 44%, por debajo de otros países. Ese porcentaje ha subido, no obstante que existe un margen para ampliar los impuestos.
La bomba étnica en los Andes
El antropólogo Rodrigo Montoya revela que después de la rebelión de Bagua (2009), los pueblos indígenas de la Amazonía recién se hicieron visibles como parte del país. Hubo que esperar 190 años para que este reconocimiento se produjera.
Montoya advierte de que el Banco Mundial y otras multilaterales regionales que viven endeudando más a los pobres pretenden que los pueblos indígenas se mantengan dentro de la esfera estrictamente étnica, como sujetos de ayuda a través de proyectos incluyentes y no den el salto político para afirmar su autonomía. “Sus funcionarios más influyentes están convencidos de la necesidad de desactivar la bomba étnica en los Andes”.
Rocío Valdivieso, del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, sostiene que el Perú ha prometido que el 2021 no existirá ni un bosque deforestado, pero desde otro frente continúa otorgando concesiones para la explotación de recursos naturales en ecosistemas frágiles.
Uno de los últimos temas planteado por las organizaciones sociales es el racismo y el comportamiento de los medios. En este campo, el nuevo presidente PPK, dada su amplia formación musical, anuncia que la cultura recibirá atención esencial del Estado, empezando por impulsar el rescate de las manifestaciones de la historia peruana, insertando su desarrollo como parte de Sudamérica.
Las nuevas cifras en 2016
Cifras oficiales indican que el régimen comunal titulado o en posesión representaría el 49% de la superficie del Perú. Esto lleva a afirmar “que la invisibilidad oficial de las comunidades y sus tierras comunales no deriva de su bajo número, ni de sus dimensiones insignificantes, ni de su lejanía. Tampoco obedece a la falta de fondos, en parte de tecnologías o de fuentes de información. Son consecuencia, porque en parte los gobiernos no dan suficiente importancia a este tema por considerarlo un asunto del pasado. La invisibilidad de las comunidades permite la invisibilidad de estas organizaciones para encubrir el tráfico de tierras comunales en el Perú.
En la actualidad, señalan Oxfam, Bien Común y otras ONG, una de las metas es hacer comprender que la justicia económica y social son alimentos esenciales para un verdadero desarrollo sostenible. En esa línea, se suman esfuerzos con unas tres mil organizaciones locales en más de 100 países con intención de influir en quienes tienen capacidad de decisión y así se generen políticas y prácticas que pongan fin a la pobreza.
La ciudadanía peruana ve con escepticismo el anuncio de la Reforma Judicial del Perú, teniendo en cuenta la burla a la Ley de los presidentes García y Humala, ambos comprometidos, respectivamente, ennegociados con el indulto a centenares de narcotraficantes, la pareja presidencial Humala-Heredia, comprometidos en negociados millonarios con la empresa Odebrechet para la construcción del Gasoducto Sur Peruano en una suma alzada de más de 7.000 millones de dólares, en tanto que en diciembre ese mismo proyecto por menos del 50% de ese monto fue denegado por la administración que deja el poder.
El 20 de septiembre de 1822 se instaló el primer Congreso Constituyente del Perú. La declaración y proclamación de la independencia del Perú constituye uno de los hechos más trascendentales de la historia de América. Por ello fue que el Ejército Unido Libertador del Perú, al mando del general José de San Martín, arribó al Perú procedente de Chile. Ya en territorio peruano recibieron el apoyo de la población, especialmente en el norte, donde una inmensa jurisdicción, la Intendencia de Trujillo, se sumó a la causa independentista sin violencia, bajo el mando del marqués de Torre Tagle. Tras Trujillo, sucesivamente juraron la independencia Piura, Cajamarca, Chachapoyas, Jaén y Maynas. El mismo San Martín reconoció posteriormente que si no hubiera sido por el apoyo masivo del norte peruano, se habría truncado la Independencia.
Cuenta García Márquez, al escribir sobre Bolívar, que su lugarteniente José Sucre le comentó que mientras él alienta y lucha por la Unidad de América, cada día ocurre lo contrario. La respuesta de Bolívar fue: “aun cuando sea cierta esa realidad, carajo no la digas”.

Nº 2229
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sábado, 30 de julio de 2016

SOCIEDAD MINERIA DEL PERU INSISTE EN DESCONOCER LA CONSULTA PREVIA


Jorge Zavaleta  Alegre, Washington DC
Instituciones reconocidas en el mundo por su contribución al cuidado ambiental y naturalmente a las  poblaciones nativas expresan  su profunda preocupación  en torno al peligroso discurso de  miembros de la Sociedad Nacional de Minería  contra la consulta previa que establece la Ley para llevar adelante el  uso de los recursos naturales.

Sin duda,  esta clase empresarial  se  ve descubierta  a la luz de los  hechos.  Siglos de  dominación  y explotación de  obreros  en socavones, se  ven descubiertos por un  aluvión de denuncias que ahora facilita el  desarrollo  de la tecnología  de la información.

Los viejos mineros camuflados en patronatos de universidades, con donaciones miserables a los jóvenes de origen popular,  perciben que  no podrían tener respaldo del nuevo presidente de la  República,  como si lo tuvieron desde  1985 a la fecha.

 La esperanza de  seguir manejando las minas como enclaves se va acabando porque no habrá indulto para Alberto  Fujimori, preso por una  serie de delitos de lesa humanidad  y por haber desactivado  el embrionario movimiento de obreros y campesinos. 

Y creo  que ningún ciudadano  podría  aceptar  opiniones como la de un acaudalado empresario, dueño de auríferas en  Puno, que cuestiona  la  desaparición de la informalidad  minera en Puerto  Maldonado, porque en esa zona  algunos  empresarios  han invertido  cerca de  10 mil millones de dólares  en maquinaria para extraer a sangre y fuego  el oro, sin importar la total destrucción de miles de hectáreas  de bosques  y especies de  animales y peces.

El presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhorta al SNMPE que responda a las organizaciones de la sociedad civil peruana y tome una posición oficial sobre la consulta previa. El SNMPE es miembro asociado del ICMM.

 Aidan Davy, vicepresidente de este organismo, participó en Lima en un panel sobre consulta previa y calificó las declaraciones realizadas por el gremio minero nacional como “sorprendentes”. según  señala  el  siguiente  documento de prensa que  emite Oxfam,  institución que alienta  la  ecología  y  el bienestar,   siguiendo  las lecciones de la  Inglaterra moderna.

(Lima, 4 de abril de 2016). El presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, respondió a la misiva enviada por 16 organizaciones de la sociedad civil peruana expresando preocupación por las polémicas declaraciones vertidas por representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que critican y desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol fundamental que deben cumplir las instituciones ambientales y sociales para garantizar los derechos de los peruanos. 

En su respuesta, Butler afirma “tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones  de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente”. Asimismo, el presidente del ICMM insta al SNMPE a responder y tomar una posición oficial al respecto.

Como parte de una campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones peruanas de la sociedad civil, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE.

La carta incluye que expresiones como “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o ““Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015), no son solo opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

El Consejo Internacional de Minería y Metales –ICMM-, conformada por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, en su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomó una posición muy clara en el respeto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI).

 El ICMM contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. Reconociendo la “posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas”, los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas; adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe, y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración de posición”.

Así mismo lo reitera la carta de Butler: “Nuestras compañías miembro se han comprometido a este objetivo [minería responsable] a través de nuestros principios fundacionales que incluyen la implementación de un compromiso eficaz y  transparente con nuestras contrapartes”.

 Añade que “a su vez, las asociaciones nacionales que son miembros del ICMM miembro juegan un papel importante al llegar a más de 1700 compañías mineras a nivel mundial, y de esta manera brinda una plataforma para compartir las buenas prácticas Aidan Davy, Vicepresidente del ICMM, remarcó durante un evento sobre consulta previa, el pasado 24 de febrero en Lima, que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas", y comentó que "el consentimiento  construye compromisos y genera entendimiento". Preguntado sobre los comentarios expresados por miembros de la SNMPE, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Oxfam y aliados esperan que la SNMPE, sus compañías miembros y otras instituciones y compañías relacionadas se animen a seguir las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

Así mismo, la campaña impulsada desde Oxfam: Defendamos nuestro medioambiente,  insta a los candidatos presidenciales a asumir una posición similar y trabajar juntos hacia este objetivo.  Las organizaciones siguen impulsando una acción que será entregada a los candidatos presidenciales para comprometerles en dicho esfuerzo. Para saber más, aquí: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente.
Publicado por papeldearbol.





















Instituciones reconocidas en el mundo por su contribución al cuidado ambiental y naturalmente a las  poblaciones nativas expresan  su profunda preocupación  en torno al peligroso discurso de  miembros de la Sociedad Nacional de Minería  contra la consulta previa que establece la Ley para llevar adelante el  uso de los recursos naturales.

Sin duda,  esta clase empresarial  se  ve descubierta  a la luz de los  hechos.  Siglos de  dominación  y explotación de  obreros  en socavones,se  ven descubiertos por un  aluvión
 de denuncias que  facilita el  desarrollo  de la tecnología  de la información. 

Los viejos mineros camuflados en patronatos de universidades, con donaciones miserables a los jóvenes de origen popular,  perciben que  no podrían tener respaldo del nuevo presidente de la  República,  como si lo tuvieron desde  1985 a las fecha.

 La esperanza de  seguir manejando las minas como enclaves se va acabando porque no habrá indulto para Alberto  Fujimori, preso por una  serie de delitos de lesa humanidad  y por haber desactivado  el embrionario movimiento de obreros y campesinos.  Y creo  que ningún ciudadano  podría  aceptar  opiniones como la de un acaudalado empresario, dueño de auríferas en  Puno,  cuestiona  la  desaparición de la informalidad  minera en Puerto  Maldonado, porque en esa zona  algunos  empresarios  han invertido  cerca de  10 mil millones de dólares  en maquinaria para extraer a sangre y fuego  el oro, sin importar la total destrucción de miles de hectáreas  de bosques  y especies de  animales y peces.

ü  El presidente del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, exhorta al SNMPE que responda a las organizaciones de la sociedad civil peruana y tome una posición oficial sobre la consulta previa. El SNMPE es miembro asociado del ICMM.

ü  Aidan Davy, vicepresidente de este organismo, participó en Lima en un panel sobre consulta previa y calificó las declaraciones realizadas por el gremio minero nacional como “sorprendentes”. según  señala  el  siguiente  documento de prensa que  emite Oxfam,  institución que alienta  la  ecología  y  el bienestar,   siguiendo  las lecciones de la  Inglaterra moderna.

(Lima, 4 de abril de 2016). El presidente del  Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), Tom Butler, respondió a la misiva enviada por 16 organizaciones de la sociedad civil peruana expresando preocupación por las polémicas declaraciones vertidas por representantes de las Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) que critican y desconocen el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el rol fundamental que deben cumplir las instituciones ambientales y sociales para garantizar los derechos de los peruanos.  

En su respuesta, Butler afirma “tomamos en serio estas preocupaciones, especialmente porque contradicen las declaraciones  de apoyo sobre la consulta previa, que la SNMPE ha emitido anteriormente”. Asimismo, el presidente del ICMM insta al SNMPE a responder y tomar una posición oficial al respecto.

Como parte de una campaña por la defensa del derecho a la consulta previa y la protección de la institucionalidad ambiental y social en el Perú, Oxfam junto a 15 organizaciones peruanas de la sociedad civil, envió una carta al presidente de este organismo mundial expresando gran preocupación por afirmaciones realizadas por empresarios mineros así como por altos representantes de la SNMPE. 

La carta incluye que expresiones como “La ley de consulta es una estupidez; no la necesitamos. Sólo es un obstáculo para la inversión minera." (Carlos del Solar, La República, 3 de febrero de 2016); o “Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente proponer nada. Lo único que sabe es decir no a las inversiones.” (Carlos Gálvez, El Comercio; 5 de febrero del 2015)no son solo opiniones sino que también expresan el comportamiento de un sector del gremio minero peruano que busca demonizar a sus críticos y afectar los esfuerzos legítimos desde la sociedad civil para fortalecer las normas socio-ambientales en el país y generar un ambiente que permita el desarrollo sostenible del país.

El Consejo Internacional de Mineria y Metales –ICMM-, conformada por 23 empresas líderes del sector, presentes en más de 800 proyectos en el mundo, en su “Declaración de posición sobre la minería y los pueblos indígenas” (2013) tomó na posición muy clara en el respeto del consentimiento previo, libre e informado (CPLI). 

 El ICMM contempla relaciones constructivas entre las compañías mineras y los pueblos indígenas basadas en el respeto recíproco, la participación significativa, la confianza y el mutuo beneficio. Reconociendo la “posible vulnerabilidad de los pueblos indígenas”, los miembros del ICMM asumen los compromisos de “respetar los derechos, los intereses, los lazos especiales con la tierra y el agua, y las perspectivas de los pueblos indígenas cuando los proyectos mineros se vayan a ubicar en tierras que tradicionalmente han sido propiedad o de uso consuetudinario de los pueblos indígenas; adoptar y ejecutar procesos de colaboración y consulta que garanticen la participación significativa de las comunidades indígenas en la toma de decisiones, mediante un proceso acorde con sus procesos tradicionales de toma de decisiones y basado en negociaciones de buena fe, y trabajar para obtener el consentimiento de los pueblos indígenas cuando así lo exija esta declaración de posición”.

Así mismo lo reitera la carta de Butler: “Nuestras compañías miembro se han comprometido a este objetivo [minería responsable] a través de nuestros principios fundacionales que incluyen la implementación de un compromiso eficaz y  transparente con nuestras contrapartes”. 

 Añade que “a su vez, las asociaciones nacionales que son miembros del ICMM miembro juegan un papel importante al llegar a más de 1700 compañías mineras a nivel mundial, y de esta manera brinda una plataforma para compartir las buenas prácticas Aidan Davy, Vicepresidente del ICMM, remarcó durante un evento sobre consulta previa, el pasado 24 de febrero en Lima, que se está dando un "cambio significativo del sector minero con respecto a escuchar las necesidades de los pueblos indígenas", y comentó que "el consentimiento  construye compromisos y genera entendimiento". Preguntado sobre los comentarios expresados por miembros de la SNMPE, dijo que se trataba de “comentarios sorprendentes”.

Oxfam y aliados esperan que la SNMPE, sus compañías miembros y otras instituciones y compañías relacionadas se animen a seguir las recomendaciones del ICMM de formalizar su posición de protección y defensa del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y su ánimo por mantener y fortalecer las instituciones ambientales y sociales del Perú; en un afán de generar un ambiente y un espacio de diálogo que facilite la implementación de este derecho y, por ende, la disminución de conflictos y garantía de una industria responsable a favor de la lucha contra la desigualdad en el país.

Así mismo, la campaña impulsada desde Oxfam: Defendamos nuestro medioambiente,  insta a los candidatos presidenciales a asumir una posición similar y trabajar juntos hacia este objetivo.  Las organizaciones siguen impulsando una acción que será entregada a los candidatos presidenciales para comprometerles en dicho esfuerzo. Para saber más, aquí: https://act.oxfam.org/peru/defendamos-nuestro-medioambiente  

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11 millones de libros editados por el Ministerio de Cultura de Venezuela

http://www.elmercuriodigital.net/2016/07/11-millones-de-libros-editados-por-el.html

Carlos Garcia Rawlins Reuters

Ernesto J. Navarro.- Desde el año 2004 y hasta los meses transcurridos de 2016, en Venezuela se han editado más de 11 millones de libros. 20% de esa cantidad (unos 220.000), se han distribuido de manera gratuita en distintas actividades y el resto, se venden a precios irrisorios por medio de una red pública de librerías, informó AVN.


Esta mega impresión de libros, agrega la nota, obedece a una política editorial sustentada en tres premisas ideadas por Hugo Chávez: "democratización, masificación y desconcentración de los bienes culturales".

Masificación que tiene su origen en el programa de alfabetización ejecutado por el gobierno nacional, a partir de junio del año 2003 y que fue bautizado como Misión Robinson. Dos años más tarde y tras enseñar a leer y escribir a poco más de un millón y medio de ciudadanos, el 28 de octubre de 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró a Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo.
Sin sorpresas

11 millones de libros editados, "es una cifra que puede sorprender en otros países, pero acá es parte de los indicadores de inclusión social a los que nos hemos habituado, ya que hablamos de una verdadera política pública de democratización del libro y la lectura", dijo en entrevista exclusiva para RT, Freddy Ñañez, Ministro de Cultura de Venezuela.

Jorge Silva Reuters

Sin embargo, esa enorme cifra sólo refleja la tarea editorial del ministerio de Cultura.

Habría que incorporar, señala el ministro, los 25 millones de minilibros de la Biblioteca Básica Temática. Una colección de 25 títulos elaborados para el plan alfabetizador.

Y esta copiosa cuenta se incrementaría si se suman las publicaciones del Ministerio de Comunicación e Información, la Fundación para la Cultura y las Artes, Petróleos de Venezuela; así como otras del Consejo Nacional Electoral, del Instituto de Previsión Social del Ministerio de Educación; los Fondos editoriales de la Asamblea Nacional y de algunas gobernaciones.

"Existe en Venezuela un paradigma de Estado-Editor: dotado de imprentas, editoriales, una distribuidora pública y un sistema de Librerías por todo el país. En nuestras estadísticas más conservadoras el Estado venezolano, desde las distintas editoriales que lo constituyen, ha publicado 3.2 libros per capita", (sobre una población calculada en 30,41 millones de habitantes para 2013), asegura el ministro Ñañez.
Qué se publica

En la Venezuela actual, las publicaciones financiadas por el Estado van de la literatura al arte, de la filosofía a la historia o política en su más variada expresión y escala (universal, nacional y regional).

Vale decir, subraya Ñañez que "excluimos de las cuentas presentadas: manuales, libros didácticos, técnicos, o libros de texto (de los que también se ocupa el Estado). Esta suma sólo incluye títulos que hacen sentir y hacen pensar, para decirlo con Simón Rodríguez (Maestro de Simón Bolívar)". Como muestra de la ampliación de la lectura, se cuentan libros agotados en 3 y 4 ediciones.

Jorge Silva Reuters

"Quizá eso explica cómo es que el pueblo venezolano ha soportado 17 años de asedio comunicacional y terrorismo mediático. Las palabras nunca caen en la nada".
Cultura para todos

Uno de los mitos que se derrumbó en Venezuela, con la ampliación de los derechos culturales es uno, según el cual, el pueblo tiende a lo banal y no se interesa en el cultivo de la sensibilidad o la inteligencia, "por consiguiente, se justificaba que las políticas culturales se pensaran desde y para una élite de la sociedad", dice Ñañez.

Un hito importante en el salto editorial de ésta nación latinoamericana, lo marcó la entrega gratuita, en todas las plazas Bolívar del país, de un millón de ejemplares de Don Quijote de la Mancha, el 23 de abril del año 2004, coincidiendo con los 400 años de la aparición de ese texto fundamental en la literatura en idioma castellano. Para el ministro, ese año "se inició la develación de un pueblo ávido de lectura y de reconocimiento".

Carlos Garcia RawlinsReuters
Pueblo lector

Desde entonces, Venezuela es escenario permanente de Ferias del Libro (hay cerca de 30 cada año), pero también de festivales internacionales de poesía o encuentros de intelectuales, donde la amplia convocatoria se fusiona con la entusiasta participación comunitaria.

Luego se ampliaron planes de lectura y se hicieron ediciones que acompañaban las metodologías de encuentro para leer. "Resalto la edición de Los Miserables (500 mil ejemplares) y la Biblioteca de los Consejos Comunales, esta última con la direccionalidad de promover además del placer de leer y saber, la organización social en torno a la producción de conocimiento".
En tiempos de crisis

En opinión del ministro de Cultura de Venezuela, lo siguiente que debe encarar el Estado es el levantamiento de "un diagnostico que arroje datos certeros de la calidad de lectura del pueblo venezolano, pero es evidente que todo este tiempo y a propósito de la intervención del Estado en la producción editorial, creció el hábito de la lectura y mejoró sustancialmente el acceso a los bienes culturales de la población".

Para este año 2016, las políticas editoriales se proponen incorporar al sistema social del libro, el formato digital como complemento a las publicaciones tradicionales.

Para Freddy Ñañez "no es ocioso decir que la crisis económica no compromete el modelo cultural que hemos construido en el marco de la revolución. Reorganizando la fuerza editorial del Estado (catálogos articulados entre las diferentes instituciones, regionalización de los tirajes, etc.) tenemos la capacidad de sostener el volumen editorial y la distribución. En este país el libro no es una mercancía sino un derecho".



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