Papel de Arbol

domingo, 10 de febrero de 2013

Acción contra el tráfico de terrrenos, según El Peruano



Jorge Zavaleta Alegre. Periodista licenciado en Ciencias Sociales
La acción social de un Estado con vocación humanista permite encontrar caminos y soluciones para viejas deformaciones estructurales en la administración del territorio y en la solución de los problemas urbanos.
Gracias a la política de titulación de la propiedad, construcción formal de urbanizaciones, mayor celo de los gobiernos municipales y una prensa más atenta a las demandas populares, ahora es posible controlar con mayor eficacia el tráfico ilegal de terrenos.
La siguiente historia es nueva, porque constituye una lección del derecho a la vida con la ejemplar participación ciudadana que va abandonando su indiferencia para defender sus derechos.
Juana Núñez viuda de Huiza, 92 años, se moviliza en silla de ruedas. Ella fue desalojada, el pasado 30 de enero, de su casa en la urbanización Villa Marina, en Chorrillos, donde unas 40 familias sufren similar amenaza.
En su inmueble reside hace más de 35 años con sus hijos, nueras, nietos, incluyendo a Ricardo, de 54 años, persona con discapacidad: secuela de polio y de dos infartos cerebrales, que lo mantienen postrado y sin habla.
El desalojo tuvo que dar marcha atrás. Juana Núñez reingresó a su morada por la movilización de los pobladores y la oportuna  respuesta solidaria y concertada del Estado mediante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa Vida Digna del Inabif y la Compañía de Bomberos.   
El informe médico indica que Juana Núñez presenta un diagnóstico de insuficiencia cardíaca.
"De mi casa solo muerta me podrán sacar", manifestó la agraviada cuando llegaron las autoridades para defenderla.
Este desalojo pone en evidencia una compleja cadena de distorsión de la propiedad de los terrenos, pues al pasar de una empresa a otra se tergiversan contratos de propiedad, inclusive ya saneados.
La señora Núñez, según documentación, compró su casa en 1967, hace 35 años, mediante contrato de promesa de venta con una compañía a la que pagó 60 letras suscritas.
Las sucesivas empresas formadas en el transcurrir del tiempo han cambiado de razón social y han inscrito ante los Registros Públicos los mismos inmuebles como terrenos baldíos.
El caso plantea una relación más estrecha entre las instituciones y poderes del Estado.
Los programas públicos tienen la responsabilidad y capacidad para brindar el oportuno apoyo a las personas vulnerables.
Pero éstos no deberían ser consecuencia de la levedad o de la abstracción legal.
La administración pública demanda compromiso con la comunidad. Felizmente, el Gobierno está dando pasos positivos en ese sentido.
Fecha:10/02/2013
Editora Perú